Magazine SLV. Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha decidido frenar los procesos de estabilización y traslados del personal educativo tras las intensas movilizaciones de las educadoras infantiles y la presión ejercida sobre la Consejería de Educación. Emilio Viciana, consejero de Educación, anunció esta mañana que la medida se pospondrá hasta el verano, asegurando que 4.500 profesionales no verán interrumpido su curso escolar.
Esta decisión llega tras semanas de protestas, recogida de firmas y denuncias por la desorganización en el proceso. Hasta el miércoles, el plan original contemplaba realizar cambios antes de las vacaciones de Navidad, pese a que el curso ya está avanzado. Sin embargo, la presión ejercida por educadoras infantiles, sindicatos y comunidades educativas logró revertir la situación. “Hemos hecho un gran esfuerzo para evitar que un gran número de trabajadores tuviesen que cesar y que las plazas quedaran desiertas. Por ello, vamos a posponer la toma de posesión de los trabajadores que hubieran obtenido plaza hasta el final del curso, para que puedan continuar en sus centros actuales”, declaró Viciana durante el pleno de la Asamblea de Madrid.
Aunque se argumenta que la medida busca evitar alteraciones en las familias y los alumnos, el principal motor del aplazamiento ha sido la respuesta contundente de las trabajadoras afectadas. “Esta rectificación no habría sido posible sin la presión de las educadoras, los sindicatos y las comunidades educativas”, afirmó Isabel Galvín, responsable de Educación del sindicato CC OO en Madrid. La noticia también fue celebrada por David Baquero Casero, quien lideró la entrega de 4.274 firmas recolectadas en escuelas infantiles. “Hay niños que llevan casi tres años con la misma educadora, y separarlos de ella a mitad de curso habría sido muy perjudicial”, declaró.
El movimiento de personal afectaba a educadores infantiles, auxiliares, enfermeras, personal de cocina, integradores sociales, fisioterapeutas y administrativos de centros educativos. Este cambio surge de la combinación del concurso de traslados y el proceso de estabilización, este último impulsado por la Ley 20/21 de la Unión Europea. Dicha normativa busca reducir la temporalidad en el empleo público al 8%, mientras que en Madrid alcanza el 35%, según datos de CSIF.
La desorganización y los errores en los procesos generaron un aluvión de críticas por parte de los profesionales, quienes denunciaron la falta de planificación. Muchos acusaron a la Comunidad de imponer la participación en un proceso cuyas reglas cambiaron al final. Ahora, con el aplazamiento, los interinos seguirán en sus plazas actuales hasta el verano.
Los sindicatos, aunque satisfechos con el resultado, subrayan que el Gobierno regional debe resolver los errores administrativos para garantizar los derechos de los trabajadores. El aplazamiento es un respiro para la comunidad educativa, pero también un recordatorio del poder de la movilización colectiva.
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