Magazine SLV. San Sebastián de los Reyes. La asociación ha realizado una marcha ciudadana para rogar el «cumplimiento de los compromisos»
APADIS (asociación de padres de personas con discapacidad) ha organizado una nueva marcha ciudadana para pedir el «cumplimiento de los compromisos del ayuntamiento de Sanse». Cientos de personas han salido desde la sede de la asociación a las 12:00 horas y han llegado a la plaza de la Constitución a las 14:00 horas. En este lugar se ha leído un manifiesto y se ha hecho entrega a la alcaldesa de las más de 1.500 firmas de apoyo recibidas.

Foto: Ayuntamiento de Sanse
En palabras de Miguel Ángel Jiménez, director general de APADIS, «Nos manifestamos por segunda vez después de dos años. En este caso, pedimos a la actual alcaldesa, que encabezó la primera manifestación, que cumpla sus promesas electorales. Decía, como abogada, que nuestro enfoque jurídico, de acuerdo previo era un enfoque brillante. Estas personas no deben ser abandonadas por la administación. Hemos recogido más de 2.000 firmas para entregárselas a ella y a Díaz Ayuso».
Además, añade: «Tuvimos una alegría que solo duró unos meses cuando llegó a la alcaldía. Ahí la relación era muy fluida. Agradecimos poner en marcha el convenio, aunque solo era una subvención para el momento actual. Desde julio, cuando pedimos una reunión formal, no hemos tenido ningún contacto con la alcaldía. Se repiten los mismos pasos que con la anterior corporación».
Hay que recordar que la asociación se tiene que enfrentar a un juicio en el que el consistorio le reclama más de 400.000 € por el impago de un canon por el uso de un terreno cedido en 2005, cuyo preceptivo convenio regulador no se firmó hasta el pasado mes de noviembre.
Una acción judicial que inició el anterior gobierno de PSOE y Ciudadanos y que el PP de Lucía Fernández no ha frenado asegurando que «el Ayuntamiento y APADIS deben esperar a que recaiga sentencia, porque es la única solución posible legalmente (como sabe y conoce la dirección de la entidad) para solucionar una controversia que nunca se debió producir. El Ejecutivo local no puede “perdonar” la deuda que el Gobierno socialista anterior decidió reclamar judicialmente«, aseguraba en un reciente comunicado.
Un hecho que en caso de sentencia negativa, «provocaría la bancarrota de la entidad poniendo en
peligro las más de 500 plazas públicas que la entidad gestiona para la Comunidad de Madrid, con el consiguiente perjuicio de más de 500 personas con discapacidad intelectual y de sus familias», asumen desde APADIS.
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