“No Somos Plazas, Somos Personas”: La Lucha de los trabajadores públicos temporales por la dignidad laboral

Magazine SLV. San Sebastián de los Reyes. Este sábado he sido testigo de una de esas manifestaciones que, aunque no siempre captan la atención mediática que merecen, son el reflejo de un malestar profundo que afecta a miles de personas: la temporalidad en el empleo público. Según la organización, unas 6.000 personas se dieron cita en Madrid para alzar la voz contra la precariedad laboral, aunque la Delegación del Gobierno rebajó esa cifra a 2.500. Pero, ¿cuál es el verdadero número aquí? La cifra puede ser motivo de debate, pero lo que está claro es que detrás de cada uno de esos números hay historias de incertidumbre, de lucha y, sobre todo, de personas que se sienten desamparadas por un sistema que les ha fallado, comenzando por el gobierno de Pedro Sánchez y terminando por algunas Comunidades Autónomas.

Foto: Magazine SLV

Con el lema “No somos plazas, somos personas”, la protesta no podía ser más clara en su mensaje: los trabajadores temporales del sector público no son simples números que ocupan un puesto hasta que el sistema decida que ya no los necesita. Son personas con vidas, con familias, con responsabilidades, y, a menudo, con años de servicio a sus espaldas, atrapados en un limbo laboral que no parece tener fin. Lo que más me conmueve de esta situación es la impotencia que debe sentirse al ver que, tras tanto esfuerzo y dedicación, su estabilidad depende de decisiones políticas y administrativas que parecen no tener prisa por resolverse.

Imagino a esos trabajadores temporales, llegados de todas las comunidades autónomas, como bomberos forestales, empleados de ayuntamientos, administrativos, docentes… Todos ellos con una preocupación común, compartiendo la angustia de no saber qué será de su futuro. Porque, en el fondo, lo que reclaman no es algo extraordinario, sino simplemente lo que debería ser la norma: estabilidad y derechos laborales dignos. No es pedir demasiado. Es justicia básica.

Y es que la protesta se produce en un momento clave, tras la publicación de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que instan al Gobierno de Sánchez y en su defecto a las Comunidades Autónomas a actuar. En febrero, el TJUE dictó una resolución exigiendo que se conviertan en fijos a los interinos de larga duración que no han obtenido aún su plaza, los llamados indefinidos no fijos. Luego, en junio, el mismo tribunal avaló esta conversión como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales. Pero, a pesar de estas resoluciones claras, el Gobierno español sigue sin hacer una transposición efectiva de la directiva europea sobre temporalidad a la normativa estatal, quedando en fraude de Ley. No solo eso, la tasa de interinidad sigue sin reducirse al 8%, objetivo marcado por la Ley 20/2021 para finales de 2024.

Lo que más inquieta a los manifestantes es que, aunque se han estabilizado algunas plazas, la realidad es que esta “convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal” ha dejado fuera a miles de personas con décadas de antigüedad en sus puestos, lo que para muchos ha sido un rotundo fracaso. Las sentencias del TJUE apuntan a que la solución más justa es estabilizar a estos empleados abusados, pero en lugar de eso, se les ofrece la figura del indefinido no fijo o, en el peor de los casos, una simple indemnización por cese.

La temporalidad en el empleo público no es un problema nuevo. Llevamos años escuchando las mismas quejas, viendo cómo se suceden protestas y promesas que nunca se materializan. Entonces, ¿por qué seguimos en el mismo punto? ¿Por qué, en pleno siglo XXI, hay personas que dedican su vida al servicio público y siguen sin tener garantizada una estabilidad laboral mínima?

La Unión Sindical Contra la Temporalidad, con sus 22 organizaciones y sindicatos de todo el país, ha logrado articular una protesta que debería hacer reflexionar tanto a los responsables políticos como a la sociedad en general. Porque, al final del día, estos trabajadores temporales no están luchando solo por ellos mismos, sino por la defensa de unos servicios públicos de calidad. ¿Cómo podemos esperar que el sistema funcione si quienes lo sostienen están atrapados en una situación precaria?

Es momento de que esta cuestión se aborde con la seriedad que merece. No son cifras, son personas. Y como sociedad, no podemos seguir ignorando sus voces.

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